En el México de junio de 2026, el panorama político-electoral se encuentra en plena reconfiguración y es que Morena, que irrumpió con fuerza en 2018 y consolidó su hegemonía en 2024 bajo la bandera de la Cuarta Transformación, enfrenta una pérdida sostenida y acelerada de popularidad y, lo que es más grave, de veracidad y de incumplimiento de compromisos de campaña y de acuerdos de gobierno ante sectores de la sociedad. Lo que muchos vieron como una propuesta renovadora, con supuestas condiciones de viabilidad política, económica y de seguridad, se ha revelado como un proyecto que ha roto con las expectativas de muchos. Millones de mexicanos depositaron su confianza en esta “nueva propuesta”, creyendo en promesas de honestidad, combate a la corrupción y bienestar popular, hoy esa confianza se ha erosionado visiblemente, impulsada por una realidad que contradice el discurso fundacional, porque persiste la inseguridad, hay un creciente deterioro económico, crecen los escándalos de corrupción y los presuntos vínculos con organizaciones criminales. La erosión de Morena no responde únicamente a una supuesta “guerra mediática” o intervencionismo externo, como argumentan muchos de sus militantes, ha sido el resultado de una gestión que ha fallado en entregar resultados tangibles en los rubros que más importan a la población. La reconfiguración que se avecina, especialmente de cara a las elecciones intermedias de 2027 y procesos locales subsiguientes, no será casualidad, sino consecuencia lógica de un escenario nacional e internacional profundamente modificado.
Como ejemplo de la inminente reestructuración que se avecina tenemos el ejemplo de Coahuila, y es que aunque el estado ha sido un bastión priísta, lo cierto es que el pasado 07 de junio la estrategia de Morena con respecto a la elección de los diputados locales falló estrepitosamente y la coalición integrada por el PRI y la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) ganó los 16 distritos de mayoría relativa; lo
que sin duda rebela que la población que ha comenzado a negarle el apoyo a un proyecto que parece fallido.
“Ninguna fuerza política es inmune al escrutinio ciudadano cuando los hechos contradicen las expectativas.”
Es probable que Morena pierda posiciones significativas, ya que el electorado, inicialmente seducido, ahora prioriza hechos concretos sobre retórica; la narrativa de “primero los pobres”, la supuesta erradicación de la corrupción y un nuevo pacto social resonaron en un país hastiado de los viejos partidos, situación que parece ir mutando significativamente. En 2018, Andrés Manuel López Obrador
capitalizó ese hartazgo con una victoria contundente; en 2024, Claudia Sheinbaum heredó esa inercia con un mandato amplio. La población confió, creyó en un movimiento que se presentaba como moralmente superior, ajeno a las prácticas del pasado; sin embargo, ha quedado patente que sectores relevantes del proyecto se han aliado, por acción, omisión o tolerancia, con estructuras de
presuntos vínculos con organizaciones criminales. Esta percepción, alimentada por evidencias judiciales y periodísticas, constituye el núcleo de la actual crisis de
legitimidad; hoy la traición a esa confianza que les otorgó la población explica gran parte del desencanto actual.
Estos señalamientos proyectan una sombra sobre la integridad de varios procesos en los que Morena ha sido protagonista, es así que la población, que vio en el movimiento una fuerza transformadora libre de las taras del pasado, percibe ahora una alianza implícita o una tolerancia sistemática que contradice el discurso de cambio profundo. Hoy incluso el “voto útil” contra el PRIAN ha perdido atractivo
ante la evidencia de que los problemas de gobernanza criminal no se resolvieron, sino que, en algunos casos, se profundizaron, por lo que resulta imprescindible que se aclare la participación o no del crimen organizado en los procesos electorales.
Desafortunadamente, uno de los aspectos que más genera inconformidad nacional es el aumento y la persistencia de la inseguridad; a pesar de ajustes que se han realizado en esta administración con respecto a la estrategia de “abrazos, no balazos”, lo que se ha traducido en acciones más firmes, la percepción ciudadana sigue atenta y cuestionando esto.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI publicada el 24 de abril de 2026 1 , el 61.5% de la población de 18 años y más en 91 áreas urbanas consideró inseguro vivir en su ciudad, y
aunque estos datos representan una ligera disminución respecto al 63.8% de diciembre de 2025, el nivel permanece históricamente alto.
Por otro lado, las mujeres continúan reportando mayor temor, con un 67.2% frente al 54.6% de los hombres, ciudades como Irapuato (92.1%), Guadalajara (90.2%) y Ecatepec (87.6%) muestran cifras alarmantes. El constante incremento de acciones que afectan la seguridad pública como extorsiones, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores por cárteles y violencia territorial, entre otros
hace que muchos ciudadanos estén repensando seriamente si los modelos propuestos son los adecuados.
Además, organizaciones como REDIM y UNICEF han documentado de manera persistente la vulnerabilidad infantil ante el narco, un flagelo que la 4T prometió erradicar pero que continúa como una crisis estructural; es así que la tan prometida “paz” hasta este momento no se ha traducido en una verdadera tranquilidad cotidiana para millones de familias. En el ámbito económico, la situación agrava el desencanto. Ha habido una disminución relativa de inversiones en ciertos sectores, atribuible a la incertidumbre institucional, tensiones bilaterales y las percepciones de mayor riesgo. En mayo de 2026, Moody’s Ratings 2 rebajó la calificación crediticia soberana de México de Baa2 a Baa3, colocándola al borde del grado de inversión; la agencia citó el debilitamiento persistente de la solidez fiscal, el apoyo excesivo a Pemex y un entorno de bajo crecimiento económico.
Esta degradación desalienta la inversión extranjera directa de largo plazo y afecta el empleo formal, paralelamente, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo golpean duramente a las familias mexicanas. Aunque hay reportebs oficiales de flujos de nearshoring en maquiladoras, analistas en la materia han destacado presiones persistentes en precios de alimentos, energéticos y servicios básicos, lo que ha erosionado el bienestar prometido; hoy, sin duda la población se encuentra preocupada por el estancamiento y la falta de certidumbre para un crecimiento inclusivo y sostenido.
Incluso una reciente encuesta de Latinus/Lorena Becerra 3 , presentada en mayo de 2026, revela un desplome claro en la aceptación de la presidenta Claudia Sheinbaum, y es que su aprobación cayó del 80% en marzo de 2025 a cerca del
59%, un descenso de 21 puntos, pero además otras mediciones, como la de Cripeso 4 , la sitúan en torno al 51% en mayo de 2026. A lo anterior se suman los continuos y crecientes señalamientos contra Andrés Manuel López Obrador y su familia, que además deberían implicar aclaraciones transparentes y exhaustivas y las acciones necesarias por la justicia, estos escándalos han minado la credibilidad del movimiento, contrastando dramáticamente con la bandera anticorrupción que los llevó al poder. El desplome en las preferencias y aprobación de Sheinbaum refleja no solo fatiga de la gestión actual, sino la acumulación de crisis no resueltas que permea en la opinión pública. Los casos de corrupción y presuntos vínculos con organizaciones criminales se han convertido en un tema constante, por ejemplo, Adán Augusto López Hernández,
figura prominente de Morena y exsecretario de Gobernación, acumula denuncias por presuntos actos de corrupción durante su paso por Tabasco, incluyendo
posibles nexos con redes de huachicol y grupos criminales.
Aunque el caso más emblemático es el del gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, quien ha sido acusado por autoridades estadounidenses de nexos con el Cártel de Sinaloa y “Los Chapitos”; la crisis ha sido tal que incluso exsecretarios clave de su gobierno como Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega se entregaron voluntariamente a la justicia norteamericana; estas entregas
no solo debilitan las narrativas oficiales, sino que proyectan la desconfianza hacia instituciones nacionales.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York imputa conspiración para traficar drogas, posesión de armas y apoyo político a cambio de protección; desafortunadamente,
el tema continúa creciendo y las denuncias acumulándose, es así que un reportaje reciente del Los Angeles Times 5 afirma que se preparan acusaciones contra
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