DEMOCRACIA DE PARTIDOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DIRECTA

Entre los considerandos del decreto que crea la Comisión Presidencial y los temas de consulta pública para construir la iniciativa de reforma electoral, encontramos reiterados el Régimen de Partidos Políticos y/o el Sistema de partidos, así como las Normas que rigen las consultas populares y/o la Democracia participativa, consultas populares o revocación de mandato. Son un par de temáticas relacionadas con la democracia liberal pero que se corresponden, la primera, estrechamente con la democracia formal y representativa y, la segunda, específicamente con la democracia directa de la participación ciudadana.

Su presencia puntual en la agenda pública es que la democracia no se acaba ni se resuelve en la democracia de partidos, que tiene sus metas específicas en la distribución del poder formal y en la representación política. Por su parte, la democracia participativa tiene objetivos más inmediatos, vinculados con la necesaria consulta directa a la ciudadanía para la toma de decisiones. 

Sin embargo, debe ser claro que, si bien se cuestionan lo confines de la democracia representativa, la intención de la democracia participativa es ampliar el canon democrático, mediante la coexistencia y complementariedad entre las dos formas de democracia. La idea de coexistencia indica que no son necesariamente antagónicas y que sus diferentes formas de aplicación pueden convivir y retroalimentarse, mientras la complementariedad nos conduce a la búsqueda de objetivos distintos y por caminos diferentes. 

Mientras la democracia representativa debe seguirse aplicando en el espacio nacional, la democracia participativa llega a desarrollarse mejor en los espacios locales.  

Lo cierto es que la democracia representativa tiene un enorme déficit con la opacidad de los partidos políticos y su falta de rendición de cuentas respecto a los recursos públicos que se les otorga. En ese sentido, parece necesario regular mejor las cantidades que perciben y que exista una mayor claridad y transparencia del financiamiento que les entrega el Estado. Anteriormente, por ejemplo, los partidos erogaban durante las campañas electorales alrededor del 70% de su presupuesto en los medios de comunicación, dinero que ahora, al contar con tiempos oficiales en radio y televisión, lo destinan a otro tipo de cuestiones. 

Por su parte, las regulaciones sobre la democracia participativa en México son genéricas y restrictivas. En general, los ciudadanos son convocados a participar en asuntos que les interesan más a los políticos que a la ciudadanía y, cuando se trata de destinar recursos, los ciudadanos tienen que disputárselos entre ellos. Muchas ocurrencias de los políticos deberían someterse a consulta ciudadana para que alcanzaran una mínima legitimidad. En todo caso, algo que debiera procesarse son los aspectos que la clase política no tiene claridad ni consenso o que, después de llegar a una resolución, podrían consultarse a los ciudadanos para su legitimarse. Se trata de poner en práctica plebiscitos y referéndums.  

El régimen de partidos y el sistema de partidos

En realidad, se trata de dos asuntos de naturaleza diferente, pues mientras el régimen se remite al marco legal y a las prácticas que regulan la existencia de los partidos políticos, los sistemas de partidos se refieren al sistema de interacciones que resulta de la competencia entre los partidos. Su constitución y funcionamiento, sus derechos y obligaciones, están reguladas por la ley y los partidos deben cumplir ciertas condiciones para participar y mantenerse en la lid electoral. Los sistemas de partidos, como interacciones estructuradas de sus componentes, resultan de la distribución de los votos y permiten procesar de manera institucional las propuestas o proyectos que surgen desde el ámbito político.

“La legitimidad de un gobierno ya no se gana cada seis años, debe renovarse todos los días”

Pretender modificar el sistema de partidos tiene algún sentido si se busca modificar radicalmente el sistema electoral. Dejar atrás el sistema electoral mixto por uno exclusivo de mayoría relativa, reducir el número de diputaciones de representación proporcional y aún, convertir el sistema electoral en una de carácter proporcional, tendría seguramente efectos en el sistema de partidos. 

Si bien lo anterior resulta hasta cierto punto complicado, es más factible pensar en modificar el régimen, con el fin de obligar a la transparencia de los partidos y a que, ellos mismos, lleguen a establecer reglas más claras y precisas sobre la elección de sus candidatos y dirigentes. A fin de cuentas, los partidos hacen uso de recursos públicos, financiamiento y tiempos en radio y televisión. 

Desde la reforma política de 1977 los partidos políticos en México fueron considerados entidades de interés público, legalidad que les ha garantizado una amplia diversidad de prerrogativas, así como participación en los procesos electorales de todo el país. La reforma de 1996 les otorgó recursos económicos y tiempos en radio y televisión.

No obstante, el manejo que hacen los grupos internos del financiamiento, de las candidaturas a puestos de elección popular o de los mecanismos para seleccionar a sus dirigentes, nos muestran que existe un ejercicio privado y patrimonialista de los recursos e incentivos, además de una utilización discrecional y a veces arbitraria de la legalidad interna. Si algo distingue a los partidos políticos es la opacidad en el uso que hacen del dinero público y la falta de transparencia y claridad en el manejo de las reglas para seleccionar a sus dirigentes y candidatos.

Los partidos, de ser instancias intermediarias entre la sociedad y el Estado, llegaron a convertirse en instrumento de intereses particulares y de pequeños grupos vinculados con el Estado, por lo cual Katz y Mair (2004) los denominaron partidos cartel. Una evolución en su desarrollo que marcó una profunda distancia entre la idea de ser instrumentos de la sociedad hasta resultar simples vehículos de la contienda y el mercado político para satisfacer intereses de sus grupos internos.  

Fueron las condiciones de la competencia lo que los llevó a este callejón sin salida. La necesidad de competir en un medio restringido y compulsivo por los votos ciudadanos y, en consecuencia, por los recursos públicos, los condujo a recurrir a prácticas que reducen la política a mercadotecnia y a veces a meras simulaciones y tergiversaciones de los que pueden ser la oferta política y las demandas públicas. 

A fin de cuentas, el dinero sepultó a la ideología. Lo cierto es que los partidos se encuentran entre las instituciones políticas más desprestigiadas y en las que menos confían los ciudadanos. Los actos de corrupción en que se han visto envueltos los políticos y que aparecen a la luz pública con relativa frecuencia, han minado el prestigio que alcanzó la democracia con la transición y la alternancia política. 

De acuerdo con Panebianco (1990), los partidos se han configurado como maquinarias electoral-profesionales, en donde los conocimientos se han vuelto especializados para competir en el mercado político. Son los profesionales quienes ocupan el centro de gravedad de la organización. Lo anterior significa que existe una desactivación de las bases militantes para evitar diferencias internas, y con lo cual se pretende dar una imagen de unanimidad ante los votantes. Todo ello, en un entorno en el que se observa un cambio estructural y cultural de las bases de apoyo (Offe, 1992). 

Democracia participativa y consultas populares

La democracia institucional, formal y representativa no tienen mucho futuro si no se profundiza la democracia liberal, básicamente mediante el ingrediente de la participación ciudadana. La democracia no se reduce a ideas o propósitos, sino que es también una forma de organización política que se sustancia en estructuras concretas, en donde de plantean exigencias democratizadoras y participativas de parte de los ciudadanos y de los grupos y sectores organizados. Tampoco es solamente un régimen de gobierno que asegure una representación soportada en el voto ciudadano y la competencia política, sino que es además una forma de sociedad en la que los principios de igualdad y libertad se encuentren activos en el tejido social (Guerra y Tezanos, 2009; Chereszky, 2015). 

Un asunto muy importante de la democracia contemporánea es la legitimidad, sobre todo cuando estamos ante la presencia de una mutación del régimen representativo en donde se ha estado modificando la relación entre dirigentes y dirigidos. Con las elecciones se renueva la credibilidad de la democracia, y la autorización de los gobiernos supone una legitimidad de quienes asumen los cargos. 

Pero ahora, el voto no es una autorización para tomar decisiones hasta la siguiente contienda electoral, y la legitimidad requiere de una constante revalidación. Ya no hay confianza absoluta, por lo cual los gobiernos se encuentran obligados a mantenerla con sus acciones públicas de manera permanente. Ahora es necesario diferenciar entre la legitimidad de los gobernantes y la legitimidad de sus acciones, las cuales tienen un carácter eminentemente sustancial (Rosanvallon, 2007).  

El liberalismo conservador formuló una concepción de ciudadanía en estado mínimo, pasiva y neutral, suficiente nada más para una realización de fines individuales. Hoy observamos una ciudadanía que se replantea el concepto de comunidad política y retoma su vertiente activa. El ciudadano es ahora un ser eminentemente participativo y un verdadero protagonista de la comunidad. 

Por lo anterior, lo que se encuentra en cuestión es el modelo hegemónico de la democracia -la democracia liberal-representativa- que solamente es capaz de garantizar una democracia limitada con una distancia creciente entre representantes y representados. Esta forma de democracia está en disputa con la democracia participativa directa, la cual se fortalece mediante una dinámica en la que sus protagonistas luchan en contra de la exclusión social, económica y política, y por asegurar los derechos civiles y una democracia de mayor intensidad, horizontal antes que vertical. 

El modelo democrático hegemónico, con los partidos políticos como elemento centralizador de la política, da cada vez más muestras de agotamiento. La democracia formal y representativa a partir de una autorización electoral evidencia distanciamiento de la ciudadanía y cierto desencanto con las formas institucionales y el mismo desempeño de la democracia.

Revocación de mandato, iniciativa popular, consultas públicas, plebiscitos y referéndums, son prácticas políticas de la democracia participativa directa de los ciudadanos. Por lo general, los plebiscitos son consultas que se realizan antes de tomarse una decisión y tienen como fin orientarla, ya sea aceptando o rechazando una propuesta. Los referéndums buscan someter al cuerpo electoral la ratificación o el rechazo de una decisión adoptada por los poderes públicos. En México, aunque las formas de participación ciudadana no están consideradas en la Constitución, varias entidades las han regulado.

En una nueva reforma electoral se tendrán que estipular y garantizar diferentes métodos de participación ciudadana directa, los cuales permitan a la ciudadanía tomar decisiones sobre políticas públicas. Pero más allá de involucrarse en definiciones generales o políticas nacionales, la ciudadanía tendría mucho mayor interés en decidir sobre cuestiones que le atañen y que forman parte de su vida cotidiana. Una cosa no exenta a la otra. 

La importancia radica en que, a partir de ello, los ciudadanos pueden aprender y desarrollar una cultura política participativa. Las prácticas democráticas son también un medio a partir del cual el cual los ciudadanos se involucran y participan en las decisiones, adquieren compromisos y responsabilidades. La democracia requiere de ciudadanos activos y participativos que analicen, discutan y decidan sobre asuntos políticos.