CANNABIS: ¿Medicina, industria o ambas?

Si bien la regulación médica del cannabis ha dejado de ser un mito para convertirse en un laboratorio global de políticas públicas, Canadá, varios estados de los Estados
Unidos y Uruguay, entre otros, ofrecen hoy un conjunto de datos que permiten observar algo más que un debate ideológico: cómo una sustancia históricamente criminalizada
pasa a integrarse en sistemas de salud, produce empleo, recauda impuestos y al mismo tiempo, tensiona los servicios de urgencias y los programas de prevención.
En el centro de este giro se encuentra una paradoja: el mismo marco legal que permite a un paciente oncológico acceder a un preparado estandarizado de cannabinoides es
el que habilita la emergencia de un nuevo sector económico, con impactos medibles en el PIB y el mercado laboral. El reto para los gobiernos consiste en capturar los beneficios económicos sin perder de vista los costos sanitarios, muchas veces menos vistosos que las cifras de exportaciones o recaudación.

Uruguay: un laboratorio pequeño con mensaje político grande

Uruguay ocupa un lugar singular en este mapa. Fue el primer país en aprobar una regulación integral del cannabis en 2013, que abarca tanto usos medicinales como no
médicos bajo un fuerte control estatal, lo que ha dejado muy poco espacio de crecimiento con las nuevas regulaciones y, más allá de crecer, se ha estancado. Lejos de diseñar un mercado orientado a maximizar ingresos fiscales, la prioridad de la política uruguaya ha sido desplazar a los usuarios de los circuitos criminales, garantizar la calidad del producto y monitorear el consumo problemático (Cannabis, 2026) . En términos económicos, el mercado interno de cannabis regulado es pequeño si se lo compara con Canadá o Estados Unidos, pero ha abierto un nicho exportador
emergente: datos citados por el organismo de promoción de inversiones Uruguay XXI, compilados a su vez por el organismo internacional de control de estupefacientes,
indican que el país se ha posicionado entre los primeros exportadores de cannabis medicinal, con volúmenes anuales del orden de varias decenas de toneladas y ventas de varios millones de dólares, principalmente en forma de flores y extractos destinados a mercados europeos y de Oceanía. Se trata de cantidades modestas en la escala macroeconómica, pero significativas para ciertas regiones agrícolas y, sobre todo, para la narrativa de reconversión de una economía ilícita en una cadena de valor regulada. Sin embargo, la opinión general suele olvidar, por falta de conocimiento y por concentrarse únicamente en datos macroeconómicos, que Uruguay tiene un mercado objetivo real: el mercado brasileño, que no deja de ser un consumidor medicinal yrecreativo altamente poderoso, con un poder adquisitivo superior al de otros países de la región. Por otro lado, es importante mencionar que Uruguay fuer el primer país en
proponer el turismo cannábico legal, que lamentablemente ha sido un fracaso en la última administración, ya que se volvió más restringida por razones políticas e ideológicas.

Canadá: del recetario médico al balance macroeconómico

Canadá fue uno de los primeros países en establecer un programa nacional de cannabis medicinal, en 2001, bajo la supervisión federal y en el marco de las convenciones internacionales de fiscalización. Esa arquitectura regulatoria sirvió, casi dos décadas después, como plataforma para la legalización del uso no médico a partir de 2018, sin que el componente terapéutico desapareciera del paisaje sanitario.
Un informe económico elaborado a partir de datos oficiales (Statistics Canada) y análisis de Deloitte estima que, entre 2018 y 2024, la industria del cannabis —incluyendo los segmentos médico y no médico regulados— generó ventas por unos 28,7 mil millones de dólares canadienses, sostuvo una inversión en capital de 42 mil millones y aportó aproximadamente 76,5 mil millones al producto interno bruto del país. En ese mismo periodo, el sector sostuvo en promedio unos 98,200 empleos equivalentes a tiempo completo a nivel nacional, de los cuales alrededor de 31,900 se localizaron en Ontario, y contribuyó con 29,6 mil millones en ingresos fiscales a los diferentes niveles de gobierno. (Deloitte, 2025) (Alvarez-Roldan & Parra, 2018) .
Estas magnitudes sitúan al cannabis legal, originado en un esquema médico, en una liga comparable —e incluso superior— a sectores tradicionales como la silvicultura o la
producción de bebidas alcohólicas, según comparaciones recientes sobre contribución al PIB sectorial. Pero el éxito contable convive con señales de alerta sanitaria: los
informes europeos y canadienses recogen aumentos de consultas de urgencias y de demandas de tratamiento por problemas vinculados al consumo de cannabis, especialmente en relación con productos de alta potencia y patrones de uso frecuente. La misma regulación que profesionaliza la producción, obliga a reforzar las estrategias
de reducción de daños, la limitación de la potencia y las restricciones a la publicidad, así como la acción preventiva que deben tener las marcas (Information, 2026) . En todo
esto, deberíamos preguntarnos ¿la educación y prevención están siendo abordadas de manera activa o simplemente no forman parte de las políticas de salud?

Estados Unidos: el mosaico de los “laboratorios estatales”

En Estados Unidos, la legalización del cannabis medicinal ha seguido una trayectoria fragmentada, estado por estado, en tensión constante con la clasificación federal de la sustancia. Aun así, el patrón es claro: la mayoría de los estados ha aprobado programas de cannabis medicinal como primer paso, para luego, en muchos casos, ampliar el marco hacia el uso no médico, que pareciera ser el fin de muchas empresas
a un acto más lucrativo.

“El mismo marco legal que permite a un paciente acceder a un tratamiento es el que impulsa el nacimiento de una nueva industria.”

Ese proceso ha dado lugar a un sector económico en rápida expansión. Un análisis económico citado por la Reserva Federal de Kansas señala que, entre 2017 y 2022, la industria del cannabis legal aportó más del 4% del crecimiento del empleo total en Estados Unidos, pese a representar menos del 0,3% del empleo absoluto. En paralelo, estimaciones recientes recogen una recaudación acumulada de al menos 24–25 mil millones de dólares en impuestos estatales derivados del cannabis, lo que implica volúmenes de ventas legales anuales de decenas de miles de millones de dólares cuando se combinan los segmentos médico y recreativo.

Sobre este telón de fondo económico, la literatura médica advierte de cambios en la demanda asistencial. Revisiones en revistas especializadas describen incrementos en
urgencias por intoxicación aguda, episodios psicóticos y exposiciones accidentales en población pediátrica en varios estados tras la expansión de los mercados legales, con
resultados heterogéneos según la intensidad de la regulación y la disponibilidad de productos de alta potencia. Para los profesionales de la salud, la legalización médica
ha supuesto, además, un desafío clínico y ético: integrar el cannabis en el arsenal terapéutico para indicaciones con evidencia razonable —náuseas por quimioterapia, ciertos dolores neuropáticos, espasticidad en esclerosis múltiple, entre muchos otros— sin trivializar sus riesgos.
Sin embargo, llama la atención que cada vez más universidades, incentivan la educación proactiva del Sistema Endocannabinoide (SEC), algo indispensable para que suministrar cannabis, se haga de manera correcta. Por otro lado, vemos estados como Illinois, que están implementando de manera activa, la prevención y regulación
de los productos recreativos para evitar contundentemente las emergencias pediátricas (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/, 2025) . ¿Cómo podemos educar a los consumidores para evitarlas? ¿Vale la pena tener campañas de prevención? ¿Cómo podemos concientizar a los padres del impacto de estos productos en sus hijos?