In Principio Erat Verbum© PARTIDOS POLÍTICOS EN CRISIS

Es innegable que actualmente los partidos políticos enfrentan una de las crisis más profundas, no se trata solo de una pérdida de credibilidad o de un desgaste electoral desde hace décadas, sino de una erosión sistémica que amenaza la viabilidad misma de la democracia implantada a partir de los partidos políticos.

El crimen organizado ha convertido la arena electoral en un campo minado donde conseguir candidatos honestos y comprometidos se ha vuelto una hazaña casi imposible. Los procesos electorales se han encarecido drásticamente por la influencia del narcoterrorismo, que impone cuotas de “protección” además de financiamiento ilegal para garantizar impunidad territorial. 

Pero además los políticos siguen llenando al electorado con promesas vacías que, una vez en el poder, se diluyen ante problemas estructurales que exigen esfuerzo sostenido, inversión estratégica y reformas profundas, no discursos. La percepción ciudadana ha colapsado: según el Latinobarómetro (2024), solo el 30% de los mexicanos confía en los partidos políticos, mientras que el 40% considera que la democracia podría funcionar sin ellos. 

Esta crisis de representación se agrava porque los partidos han marginado a sus militantes históricos para abrir convocatorias a “ciudadanos externos” sin trayectoria ni compromiso ideológico. La corrupción y los escándalos, como el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no son excepciones, sino síntomas de un sistema capturado. Y en el centro de todo ello, Morena, el partido en el poder, enfrenta un caos: presiones externas crecientes del gobierno de Donald Trump y una crisis interna que pone en entredicho su narrativa de transformación.

Los partidos políticos atraviesan una crisis de legitimidad sin precedentes.

Este artículo no es por el momento un ataque partidista, busca más bien convertirse en un análisis sobre los retos que los partidos deben enfrentar si aspiran a recuperar legitimidad; porque si no lo hacen, la democracia mexicana corre el riesgo de convertirse en una mera formalidad donde el crimen organizado, los grupos de poder y el cinismo político dicten las reglas.

Ahora bien, como primer parte visible de la crisis de partidos deberíamos abordar el reclutamiento candidatos viables. En las elecciones de 2023-2024¹, las más grandes de la historia por el número de cargos en disputa, la violencia electoral alcanzó niveles récord. Según el informe final de Integralia Consultores (2024)², se registraron 39 candidatos o aspirantes asesinados, además de cientos de agresiones, amenazas y secuestros. 

Por otro lado, Laboratorio Electoral documentó al menos 38 asesinatos de contendientes electorales entre junio de 2023 y junio de 2024, Etellekt, por su parte, contabilizó más de 170 agresiones solo hasta abril de 2024, incluyendo 30 aspirantes asesinados, 77 amenazados y 11 secuestros.

Estos números reflejan un patrón del crimen organizado, y es que, en municipios de Guerrero, Chiapas, Michoacán y Sinaloa, focos rojos identificados por múltiples reportes, los cárteles imponen candidatos, extorsionan a quienes se oponen o directamente los eliminan para controlar alcaldías, presidencias municipales y diputaciones locales. El objetivo es claro, asegurar impunidad, rutas de trasiego, plazas con venta de narcoticos y acceso a recursos públicos. Como señala el documento de Integralia (2024), el crimen organizado “sometió a muchos municipios para fortalecer sus redes de impunidad”, y el 75% de los homicidios se concentraron en regiones con alta presencia delictiva.

“Solo 30% confía en los partidos políticos”

El impacto es devastador para los partidos políticos, ya que muchos aspirantes honestos renuncian antes de registrarse; en Michoacán, por ejemplo, decenas de precandidatos se retiraron de las contiendas por miedo. Es así que los partidos se ven obligados a postular a figuras de bajo perfil, con escasa preparación o, peor aún, a aceptar imposiciones del narcoterrorismo para no perder territorios. 

Lo anterior genera un círculo vicioso, candidatos débiles o comprometidos producen gobiernos ineficaces, que a su vez facilitan la expansión criminal y aunque duela reconocerlo ninguno de los partidos políticos han escapado a esta dinámica. En el primer trimestre de 2025, Integralia registró 104 incidentes de violencia política, con Morena acumulando el mayor número (30 casos), lo que demuestra que el problema persiste incluso después de las elecciones federales (Integralia Consultores, 2025).

Pero, además, la presión que ejerce el narcoterrorismo opera en dos direcciones: “en favor y en contra”. Algunos políticos buscan alianzas activas con el crimen para financiar campañas y ganar; otros son víctimas directas por negarse, pero el resultado es el mismo: una clase política cada vez más temerosa, menos representativa y más vulnerable al chantaje. Los partidos, en lugar de fortalecer sus estructuras de formación y selección interna, han optado por candidaturas que lejos de impulsar o renovar la democracia, muchas veces esconden pactos opacos. 

Por supuesto que la violencia es sólo un factor para considerar; el crimen organizado también encarece económicamente las elecciones y es que el financiamiento ilegal, a través de empresas fantasma, lavado de dinero y extorsión directa, ha distorsionado el mercado electoral. 

De acuerdo con el estudio “Dinero Bajo la Mesa” de Integralia y México Evalúa (Casar, 2019, actualizado en reportes posteriores), el crimen organizado da dinero a través de tres vías principales: desvío de recursos públicos, contribuciones privadas ilegales y financiamiento directo del narcotráfico; este último opera como “inversión” ya que el cártel financia a un candidato a cambio de protección futura, contratos o neutralidad policial.

En regiones controladas por grupos delictivos, los candidatos deben pagar “cuotas de seguridad” para hacer campaña, contratar seguridad privada o incluso para que no les saboteen actos proselitistas. Lo anterior eleva exponencialmente los gastos reales, muy por encima de los topes oficiales del INE. Reportes periodísticos y de inteligencia documentan cómo el Cártel de Sinaloa y el CJNG han financiado campañas municipales y estatales con millones de dólares lavados. 

Recientemente, el escándalo del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. de conspiración con el Cártel de Sinaloa, expone cómo el problema escala hasta niveles de gobierno estatal.⁶ 

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el INE han documentado casos de financiamiento ilícito en múltiples procesos, pero las sanciones siguen siendo insuficientes, incluso, la reforma electoral pendiente en este 2026 sigue sin incluir candados efectivos contra el dinero del narcotráfico, como pérdida automática de registro o auditorías financieras obligatorias con inteligencia financiera. Mientras tanto, los costos oficiales de las elecciones federales superan millones de pesos y la desigualdad continúa creciendo porque pareciera que solo los candidatos con respaldo (legal o ilegal) pueden competir, marginando a la ciudadanía común y reforzando la percepción de que la política es un negocio sucio.

A todo lo anterior habrá que sumar un segundo pilar de la crisis el cual es la brecha entre discurso y realidad y es que los partidos políticos, especialmente en campañas, prometen soluciones mágicas a problemas estructurales, sin embargo, una vez en el poder, estos compromisos se diluyen ante la complejidad real. 

Hay que admitirlo y realmente hacerle frente a la situación de inseguridad y es que ésta no se resuelve con slogans porque requiere inteligencia, coordinación interinstitucional, inversión en prevención y reformas profundas a las instituciones de seguridad, tareas que demandan décadas, no un sexenio. La pobreza y la desigualdad exigen políticas educativas y de salud de largo plazo, no programas clientelares temporales.

39 candidatos asesinados en el proceso electoral 2023-2024.

104 incidentes de violencia política en solo el primer trimestre de 2025.

75% de los homicidios políticos ocurrió en zonas criminales.

Datos del INEGI y Coneval muestran que, pese a promesas de transformación, indicadores como la incidencia delictiva y la percepción de inseguridad siguen altos en muchas regiones. Los partidos opositores critican, pero cuando gobernaron también fallaron en construir estructuras sólidas. El resultado es un electorado cada vez más escéptico porque las promesas se convierten en herramientas de marketing electoral, no en planes viables, lo que erosiona la confianza y alimenta el abstencionismo o el voto por “castigo”.

La desconfianza en la población mexicana es abismal, incluso la reciente Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP) 2025 del INEGI, publicada el 16 de abril pasado, afirma que solo el 33.7% de la población manifestó tener confianza alta o moderada en los partidos políticos y la confianza alta o moderadamente alta en diputados y senadores se situó en 41.0%, lo que representa una disminución de 1.8 puntos porcentuales respecto a la edición de 2023.

Esta crisis de percepción no es gratuita, porque honestamente los partidos han perdido el vínculo con la sociedad y es que en lugar de traducirse en espacios de formación ciudadana, se han convertido en máquinas electorales financiadas con recursos públicos haciendo que el ciudadano vea a los partidos como élites desconectadas, más interesadas en cuotas de poder que en resolver problemas.

Finalmente, con el afán de tener candidatos que puedan ser impuestos los partidos han marginado a sus militantes históricos. Para “democratizar” las candidaturas, han abierto convocatorias a “ciudadanos externos” sin trayectoria partidista. Recientemente el PAN, mencionó que buscará flexibilizar estatutos para incorporar nuevos prospectos y Morena, con millones de simpatizantes hasta este momento ha priorizado figuras mediáticas o aliadas sobre militantes de base, situación que también ha hecho el PRI y otros partidos al imponer incluso actores o personas que podrían “impulsar” nuevas candidaturas. Esto debilita la democracia interna, porque los verdaderos militantes, que construyeron el partido con esfuerzo, son relegados por personas sin compromiso ideológico, dando como resultado una militancia desmotivada y partidos cada vez con menos credibilidad.

Como tercer pilar, se debe reconocer que la corrupción es el cáncer que corroe todo; escándalos de desvío de fondos, nepotismo y nexos con el crimen organizado han sido constantes. El caso de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia se convertirá en un caso emblemático y es que ha sido acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. de conspiración con el Cártel de Sinaloa y enfrenta cargos que incluyen presuntos vínculos con narcotráfico, armas y delitos electorales.

Hasta este momento la FGR mexicana continúa investigando y se discute su posible extradición; Rocha Moya representa el riesgo de captura estatal, un gobernador morenista señalado por la principal potencia mundial. Este escándalo no solo daña a Morena, sino que alimenta la narrativa de que ningún partido está limpio. 

Morena enfrenta hoy su prueba más dura; la llegada de Donald Trump a su segundo mandato (2025) ha generado una crisis: Amenazas arancelarias del 25% a acero, aluminio y productos mexicanos, presiones migratorias extremas, exigencias de extradición masiva de capos y políticos, y la calificación de cárteles como “narcoterroristas” han puesto a Claudia Sheinbaum Pardo en una posición delicada (Reuters, 2025; reportes de Los Angeles Times, 2026). 

Aún queda mucho por analizar, pero el caso de Rocha Moya es solo la punta del iceberg a éste habrá que agregarle los de Baja California, Sonora, Tamaulipas y Michoacán. EE. UU. ha retirado visas a políticos morenistas y presiona por investigaciones por presuntos nexos con narcotraficantes y narcoterroristas. Morena, que construyó su narrativa en soberanía y “no intervención”, ahora debe equilibrar cooperación como extradiciones en tiempo récord o apoyo en contención migratoria con defensa territorial. 

Externamente lo que está sucediendo generara tensiones que pueden amenazar el T-MEC, la inversión extranjera y la estabilidad económica e internamente, el escándalo genera divisiones: ¿proteger al “compañero” o priorizar la relación bilateral? El Presidente Donald Trump usa la palanca económica para forzar resultados en seguridad y migración y Morena, que prometió transformación, enfrenta el riesgo de aparecer como un partido capturado por el crimen organizado ante la opinión internacional. Esta crisis no es solo de imagen; es estructural y obliga a Morena a replantear su modelo de seguridad y gobernanza, o arriesgar aislamiento económico.

¿Podría decirse que hoy, en México los partidos políticos mexicanos están en terapia intensiva? Siendo honesto es complejo, pero se debe reconocer la urgencia de cambios reales y estructurales, alejarnos de promesas vacías y renovar el compromiso con la democracia, no sólo como un slogan sino como una urgente necesidad de acción, porque actualmente el crimen organizado filtra candidatos y encarece elecciones, las promesas se estrellan contra la realidad que cada día nos supera y la gente ya no cree en ellos porque los ven como élites desconectadas que abandonaron a sus militantes, entre otros múltiples problemas.

La solución no es eliminar partidos ni caer en autoritarismos, es reformarlos; fortalecer democracia interna, blindar contra financiamiento ilegal con auditorías reales y sanciones drásticas, invertir en formación de militantes, y priorizar gobernanza seria sobre retórica. 

Los partidos deben recuperar el vínculo con la sociedad o dejar paso a nuevas formas de representación, de lo contrario, México enfrentará no solo una crisis de partidos, sino de democracia misma. La ciudadanía exige resultados, no más excusas; es tiempo de actuar con responsabilidad.