En 1977, la reforma política ideada por Jesús Reyes Heroles, entonces Secretario de Gobernación en el gobierno de José López Portillo, marcó un punto de inflexión en la historia política de México. Su propósito fue claro: abrir el sistema político a la pluralidad, mediante la legalización de fuerzas hasta entonces excluidas, como el Partido Comunista Mexicano, y garantizar la representación de las minorías en el Congreso. Para ello, se creó la figura de los diputados plurinominales, una vía que permitió a los partidos pequeños tener voz y voto en las decisiones legislativas del país.
Con el paso del tiempo, esta figura posibilitó que partidos como el PRD, Convergencia (hoy Movimiento Ciudadano) e incluso el actual partido gobernante, MORENA, accedieran al Congreso y difundieran sus agendas políticas, mucho antes de convertirse en fuerzas mayoritarias.
A la par, la representación plurinominal se consolidó como uno de los principales mecanismos para aplicar acciones afirmativas a favor de grupos históricamente excluidos: personas con discapacidad, integrantes de la comunidad LGBT+, pueblos indígenas y la población migrante.
En el caso específico de esta última, fue gracias a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2021 que se ordenó al INE aplicar la Acción Afirmativa Migrante en las elecciones federales de ese año. A partir de entonces, los partidos políticos quedaron obligados a incluir perfiles migrantes dentro de las primeras diez posiciones de sus listas de representación proporcional.
Esta medida representó un avance significativo para la comunidad migrante mexicana, que desde hace décadas había luchado por tener presencia en la toma de decisiones nacionales. Con más de 12 millones de personas mexicanas residiendo en el extranjero, se volvió imprescindible contar con representantes que comprendieran y defendieran sus necesidades y problemáticas. A nivel estatal, entidades como Oaxaca, Tamaulipas y Puebla, entre otras, han incorporado la figura del diputado migrante en sus legislaciones, generalmente también por la vía plurinominal.
Este contexto cobra especial relevancia ante el inminente envío de una nueva reforma electoral por parte del Poder Ejecutivo, que será presentada durante el próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. Aunque aún no se conoce el contenido completo de la iniciativa, la presidenta Claudia Sheinbaum ha adelantado algunos de sus ejes principales: la reducción del presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE) y la posible eliminación de los diputados plurinominales
“Más de 12 millones de mexicanos residen en el extranjero, una voz que no puede quedar fuera del Congreso”
Es natural que una reforma busque mejorar procesos y corregir fallas. El INE, antes IFE, ha sido pieza clave en la construcción de nuestra democracia desde su creación en los años noventa, como respuesta a la crisis de legitimidad tras la elección de 1988. Con sus aciertos y errores, esta institución ha sido garante de momentos históricos: la alternancia política en el año 2000 y la llegada de la izquierda al poder en 2018.
“La participación migrante no es un privilegio: es un derecho constitucional que debe garantizarse”
Para la población mexicana en el exterior, el INE ha sido esencial en la defensa del derecho al voto desde el extranjero, facilitando la participación a través de distintas modalidades: postal, electrónica y presencial en consulados y embajadas. Una eventual reducción presupuestal no debería traducirse en la limitación o exclusión de este derecho. En cuanto a la posible eliminación de los diputados plurinominales, se reconoce que esta figura ha sido en ocasiones utilizada de manera discrecional por los partidos políticos. Sin embargo, más allá de suprimirla, lo necesario es regularla y garantizar su uso transparente y justo, especialmente en lo que respecta a las acciones afirmativas. Eliminar esta vía implicaría cerrar el acceso a espacios de representación a múltiples sectores, incluyendo a la comunidad migrante, y supondría un grave retroceso en los avances logrados en materia de inclusión política.
Este debate se vuelve aún más relevante si se consideran las condiciones actuales. En Estados Unidos, las políticas migratorias se han endurecido, generando un entorno de vulnerabilidad, persecución y deportaciones para miles de mexicanos. Ante este escenario, es indispensable contar con representantes migrantes que puedan defender los derechos humanos y la dignidad de quienes viven fuera del país.
Asimismo, la dimensión económica de la migración no puede ser ignorada. Según datos del Banco de México, en el último periodo se registró una caída del 16.2% en las remesas respecto al mismo periodo del año anterior. Este descenso impacta directamente en el gasto interno y en la economía de millones de familias que dependen de estos recursos. Las remesas, junto con el petróleo, la manufactura y el turismo, constituyen pilares fundamentales de la economía nacional. Por tanto, una política migrante integral requiere también representación legislativa efectiva.
La presidenta Sheinbaum ha anunciado la instalación de una comisión para discutir la reforma electoral, la cual contará con participación ciudadana. Es fundamental que en estos espacios también estén presentes las voces de los mexicanos en el exterior, para que sus experiencias, preocupaciones y propuestas sean escuchadas y consideradas. El rumbo de esta reforma aún está por definirse. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas pueden abrir la puerta a una democracia más representativa e incluyente. Escuchar a quienes viven fuera del país no solo enriquecería el debate, sino que contribuiría a fortalecer el vínculo con una comunidad que, desde la distancia, sigue apostando por el futuro de México.
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