LA PREVENCIÓN AL LAVADO DE DINERO LLEGÓ TARDE A MÉXICO… ¡COMO SIEMPRE!

Actualmente vivimos en un país que se encuentra en una transición política hacia la izquierda. Un país que según la mirada internacional -y no sin razón-, está marcado por la presencia del narcotráfico. Y además de ello tenemos que caminar por la cuerda floja de las obligaciones internacionales que nosotros mismos adoptamos, para poder seguir siendo visibles en el escenario mundial.

En el marco de la quinta ronda de evaluaciones de GAFI -que comenzó este año en nuestro país- se cocinó una reforma “al vapor” a la Ley Antilavado, que, si bien busca reforzar el marco contra el lavado de dinero, aún no alcanza a cubrir todas las aristas ni las complejas tangentes y actualizaciones del flujo financiero ilícito, y apenas alcanza a cumplir con las recomendaciones internacionales,  en el fondo, parece más un gesto simbólico para decir “cumplimos”, que un esfuerzo real para enfrentar los desafíos internos que México tiene frente al crimen organizado. 

 Desde la adhesión de México al GAFI en el 2000, hemos cometido error tras error al momento de legislar – como siempre-, México no tomó las observaciones que se hicieron en las evaluaciones anteriores para mejorar de forma interna y avanzar su lucha de forma clara y contundente contra las organizaciones ilícitas, pues estas cuestiones no se atienden como una obligación sino como un paso más a cumplir de forma básica y no entrar a las famosas listas negras y grises de este grupo intergubernamental, que afectaría de forma directa la percepción financiera saludable de nuestro país ante la visión internacional. 

Es un tema que raya en lo absurdo, casi imposible de creer y aun así, aquí estamos escribiendo sobre él, porque si damos un vistazo a la historia de nuestro país frente al narco, vemos -como siempre- una constante disonancia cognitiva entre lo que hace en casa y lo que se muestra ante el mundo. Y aquí surge mi pregunta como especialista en prevención de lavado de dinero: ¿qué hubiera pasado si México, que hace 25 años reconoció la importancia de sumarse al GAFI, hubiera cumplido con todas las recomendaciones de manera sistemática y sin retrasos? 

Desde que los países del G7 crearon el GAFI en 1989, quedó claro que la lucha contra el crimen organizado debía ser global y coordinada. México, -como siempre- llegó tarde: 11 años después, cuando el país llevaba décadas consolidado como el principal corredor de estupefacientes hacia Estados Unidos, el país con el mayor número de consumidores en el mundo. 

LA PARADOJA DE MÉRDIDA: PROMESAS SIN SUSTENTO.

Es paradójico, que en 2003 en Mérida se haya celebrado la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, donde el tema principal fue la importancia de implementar políticas efectivas que involucraran no solo al poder público, sino también al sector privado, con el fin de fortalecer la aplicación interna y desarrollar estándares de auditoría realmente funcionales. En aquel foro se habló de establecer sanciones civiles, penales y administrativas, y lo más relevante promover la cooperación entre los aplicadores de la ley y las empresas privadas, sin que para ese momento -como siempre- la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) existiera en el imaginario colectivo. 

México, tratando de estar a la vanguardia -como siempre- hicimos las cosas al revés. En 2004 creó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sin claridad legislativa y con obstáculos políticos que entorpecieron su función, y no fue hasta 2012, bajo el mandato del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, que la Ley Antilavado vio la luz -como siempre-, llegando 12 años tarde para sentar las bases legales de la lucha contra el crimen organizado. 

Algo que no puedo dejar de observar es que dos mexicanos ha ocupado la presidencia de GAFI, en el periodo de 2010 a 2011 por Luis Urrutia Corral, hoy la 1er  mujer presidenta después de 20 años, Elisa de Anda Madrazo, (Force., 2024)-como siempre- un reconocimiento que relata el liderazgo técnico, pero que también pone en evidencia la brecha entre el compromiso exterior y la acción interna, desde la visión de esta autora es un reflejo cruel de nuestra paradoja: mientras brillamos internacionalmente, seguimos rezagados internamente, en la actualidad la legislación mexicana sigue siendo tibia frente a la realidad del país.

LOS LUJOS: LA NUEVA FACHADA DEL LAVADO DE DINERO.

En ese sentido, y a modo de reflexión si las adecuaciones legales se implementaran con la misma agilidad con la que el crimen organizado innova sus mecanismos financieros, el país estaría mejor posicionado frente a las amenazas globales. Pero la realidad es otra -como siempre- mientras la delincuencia crea, adapta y anticipa, el Estado delibera, discute y posterga. Esta reforma a la Ley antilavado, si bien contempla el análisis de riesgos, auditorías internas y externas, identificar a los beneficiarios finales; también deja al descubierto vacíos legales que el propio legislador ha decidido no subsanar: una emisión tardía de la Reglas de Carácter General , la exclusión del concepto “financiamiento al terrorismo” -una amenaza ya presente en nuestra realidad- , la falta de actualización catálogo de Actividades Vulnerables (APNDF en el argot internacional) que se quedó obsoleto. Como siempre el legislador pasa por alto las formas más comunes que el narco usa para el blanqueo de capitales como lo es la adquisición de artículos de lujo. En México, cualquier persona puede entrar a una tienda de alta gama y comprar artículos valuados en cientos de miles de pesos, sin que el comercio tenga la obligación de identificar al comprador o aplicar medidas de diligencia reforzada. Estos artículos, son un símbolo de estatus social, pero también pueden convertirse en vehículos discretos para introducir recursos ilícitos al sistema financiero. 

Este fenómeno cobra especial relevancia ante la creciente ola de influencers (Universal, 2024) vinculados al crimen organizado, en meses recientes, varios de ellos han sido asesinados tras revelarse nexos con redes ilícitas, al promover rifas, sorteos, y la ostentación de artículos de lujo sin una clara justificación de su origen. Estos no solo reflejan el sueño aspiracional que seduce a gran parte de la juventud, sino también la preocupante normalización del dinero sucio en la cultura digital. Resulta alarmante la facilidad con que el crimen organizado se infiltra en espacios de influencia social que en un mundo utópico deberían ser ajenos a su poder. 

La reforma a la Ley Antilavado se presenta como un marco moderno, alineado con los estándares internacionales y con la promesa de situar al país como un referente mundial. Sin embargo, esa promesa se desvanece al contrastarla con la realidad local: la norma no alcanza a cubrir los escenarios cotidianos donde verdaderamente circula el dinero sucio. En esta realidad mientras el crimen organizado avanza a pasos agigantados, diversificando sus mecanismos con creatividad, el Estado parecer siempre ir detrás, debatiendo reformas que no aterrizan la realidad de México. Sino logramos cerrar la brecha entre la norma y la práctica, entre la intención y la acción México seguirá siendo el país del como siempre, dejando a la sociedad solo con la ilusión de protección sin ejercerla en la realidad. 

Dentro del amplio -pero no completo- catálogo de sujetos obligados se encuentran desde arrendadores hasta Notarios Públicos, desde la experiencia propia, los sujetos obligados han visto las obligaciones derivadas de la LFPIORPI como una imposición ajena a su trabajo diario e interrumpe la dinámica natural, que -como siempre- al mexicano le cuesta verse como parte de un engranaje en el sistema financiero y comercial de un país.

CUMPLIMIENTO POR OBLIGACIÓN NO POR CONVICCIÓN.

Los llamados “gatekeepers” son quienes deberían fungir como primera línea de defensa frente al lavado de dinero desde el inicio en el que eligen dedicarse a una actividad económica considerada como vulnerable, en ese momento deben asumir su responsabilidad social con el país.  Desde la experiencia y el trabajo de auditoría que mi equipo y yo hemos realizado con diversos sujetos obligados puedo decirles que el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero es una respuesta forzada al típico pretexto “porque la ley así lo exige”, convirtiéndose en un cumplimiento formal, sin una verdadera compresión del papel preventivo que desempeñan ni la trascendencia de sus acciones.  Y es precisamente ahí donde radica una de nuestras mayores debilidades: la falta de convicción. 

Mientras el crimen organizado perfecciona sus estrategias con eficiencia empresarial, quienes tienen en sus manos la posibilidad de frenar la entrada de recursos ilícitos al sistema carecen del conocimiento necesario e incluso en algunos casos actúan con desinterés. La prevención del lavado de dinero no se construye únicamente con leyes ambiciosas, sino a través de generar conciencia a quienes entran en este engranaje, sin ello, cualquier intento de modernización -como siempre- quedará en una promesa en el papel, pero vacía en la realidad de un país. 

VOLUNTAD, CONCIENCIA Y RESPONSABILIDAD: EL TRINOMIO QUE FALTA.

En la opinión de esta profesional, México no puede cambiar de un plumazo el atraso legislativo generado por años de malas prácticas y de una escasa conciencia sobre la importancia de la prevención del lavado de dinero. Como siempre llegamos tarde, sin embargo, si somos autocríticos podemos reconocer este rezago como una lección histórica. Hoy mientras el mundo observa y el GAFI evalúa, el país se enfrenta la posibilidad de transformar la prevención tardía en prevención efectiva. Cada reforma, cada ajuste normativo, ha respondido más a presiones internacionales que a una lectura de nuestras vulnerabilidades internas como sociedad. Si logramos hacer este cambio de enfoque, podemos comenzar una transformación más profunda, -una cultura real de cumplimiento- estos cambios de paradigmas sociales podrán definitivamente ser el hito que necesitamos para lograr la contención y disminución de la toma de nuestro estado de derecho y así comenzar el cambio desde dentro. 

Para la que escribe, la lección aprendida de este hecho histórico para nuestro país es: “la ley que llega tarde es mejor que la nunca llega”, sin embargo, el verdadero desafío está en que las reformas ya establecidas se apliquen con convicción. 

Mientras el crimen organizado innova, el Estado delibera, discute y posterga. 

Mientras los casi 110 mil sujetos obligados no asuman su rol dentro del engranaje financiero y social cualquier reforma que se efectúe seguirá siendo letra muerta. En mi opinión México no necesita mas leyes; necesita 3 cosas: voluntad, conciencia y responsabilidad compartida, porque, sino cambiamos la forma en que entendemos nuestro papel en este sistema, seguiremos siendo un país conducido por unos pocos en lugar de ser una nación fortalecida por la acción colectiva, solo así dejaremos de ser un país que llega tarde.